El sábado pasado, en medio de todo el revuelo que se generó como consecuencias del caso acaecido el viernes en la tarde, cuando el menor de iniciales A.A.A., de 16 años, fue lanzado al lecho del río Mapocho (según expuso la Fiscal Ximena Chong en la audiencia de formalización efectuada esta tarde), comenzó a circular por medio de redes sociales una captura de pantalla del sistema informático del Poder Judicial, que según el exparlamentario Tomás Jocelyn Holt evidenciaba que el joven, que resultó con lesiones graves, tenía antecedentes por homicidio.
Textualmente, el exmilitante de la Democracia Cristiana, quien es abogado, afirmó que “ahora el movimiento por la ingobernabilidad social en Chile ni siquiera depende de menores de edad, sino que necesitan a menores con antecedentes x homicidio para victimizarse… Impresionante esta gente… y lo peor es que no atinan. Tienen mala fe”.
Otras personas, a su vez, comenzaron a hacer circular la versión de que el joven se llama “Fernando Leal”, dado que dicho nombre aparece en el documento, afirmando incluso que se había arrojado al agua para no ser detenido, dados sus supuestos antecedentes anteriores.
Sin embargo, la víctima no posee antecedentes penales y basta leer el documento para entender que este es una querella por homicidio presentada por el abogado Fernando Leal, a nombre de A.A.A.
De hecho, fue el propio abogado quien, en su cuenta de Twitter, subió originalmente dicha captura de pantalla. Ante el tuiteo de Jocelyn Holt, Leal señaló que “parece que le regalaron el título en la PUC”, refiriéndose a la Pontificia Universidad Católica, donde estudió el primero, y agregando que “ese certificado es la querella que interpuse por el homicidio frustrado en donde AAA es víctima y el victimario un Carabinero”.
Disclaimer: Esta nota se refiere a un proceso judicial que está comenzando y en el cual la Fiscalía imputó el delito de homicidio en grado de frustrado al carabinero Sebastián Zamora Soto. De acuerdo con las leyes chilenas, se trata de una instancia inicial del proceso penal, por lo cual nadie puede ser considerado culpable mientras no exista un fallo a firme de parte de un Tribunal de la República.
